La Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) es una entidad que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los 3.463 salones de juego existentes en España.

La UTSAJU está formada por más de 20.500 trabajadores y trabajadoras que nos hemos agrupado para DEFENDER nuestros puestos de trabajo frente a los ataques que en los últimos meses estamos recibiendo por parte de algunos partidos políticos e instituciones públicas.

El nuestro es un trabajo digno. No somos delincuentes. Trabajamos para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos que deciden, en el ejercicio de su libre voluntad, acceder a uno de los múltiples salones de juego abiertos en España para disfrutar de una parte de su tiempo de ocio.

Los trabajadores y trabajadoras de los Salones de Juego velamos por el cumplimiento de la normativa vigente, impedimos que los menores de edad y quienes lo tienen prohibido, accedan a los locales.

Algunas regiones, como la Comunidad Valenciana o La Rioja, están impulsando modificaciones legales que ponen en peligro nuestros puestos de trabajo. En lugar de reforzar, por ejemplo, los mecanismos de control de acceso a estos locales, estas leyes establecen distancias mínimas de estos respecto a centros educativos y juveniles. Eso significa que los salones de juego existentes y en funcionamiento, tendrán que cerrar cuando finalice la vigencia de la autorización concedida y que la inseguridad jurídica puede llegar al extremo de obligar a cerrar un salón si, con posterioridad a su obertura, alguien decide abrir un centro educativo o de jóvenes a menor distancia de la permitida. El cierre de un salón supone que todos sus trabajadores se queden sin empleo. 

Hoy en España hay 3.857.776 personas en paro. La crisis del Coronavirus se ha llevado por delante muchas vidas en España y el futuro de muchos trabajadores y trabajadoras es incierto.

Los trabajadores y trabajadoras de la UTSAJU exigimos a los poderes públicos un esfuerzo de concertación social que permita el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. Por ese motivo nos hemos asociado para exigir a los poderes públicos el mantenimiento de la actual regulación del juego privado y no apruebe ninguna ley que ponga en peligro la viabilidad de los salones de juego y, con ellos, nuestros puestos de trabajo.